Publicación: 2016-10-10 22:20:38 Por: sysadmin  Fuente: Notimex

En Venezuela exigen sancionar hackeo contra personajes públicos

Caracas, 10 Oct (Notimex).- La Asociación Civil Tribuna Libre (ACTL) pidió al Estado venezolano investigar y sancionar a los autores de delitos

Caracas, 10 Oct (Notimex).- La Asociación Civil Tribuna Libre (ACTL) pidió al Estado venezolano investigar y sancionar a los autores de delitos informáticos contra dirigentes políticos de oposición, empresarios privados y periodistas.

“Condenamos la intromisión ilegal a los sistemas informáticos personales ya que atenta contra el derecho a la vida privada y la libertad de expresión”, precisó Manuel Peña Solís, presidente de la organización que vela por la defensa de los derechos humanos.

En diálogo con Notimex, dijo que en los últimos meses han sido usurpadas las identidades en redes sociales de varias personalidades, al tiempo que se difunden mensajes en sus cuentas de Twitter, con información privada de las víctimas.

Destacó que el ordenamiento jurídico venezolano prevé y sanciona la intromisión ilegal a los sistemas informáticos personales por cuanto vulnera tanto el derecho a la vida privada de las personas, como la libertad de expresión y la confidencialidad.

Entre los personajes públicos que han sido víctimas de tales hechos figuran los dirigentes opositores Jesús Torrealba, Ramón Muchacho, Enrique Mendoza, Eduardo Fernández, José Guerra, Sebastiana Barráez, Fernando Morgado, David Smolansky, Julio César Pineda, así como las periodistas Macky Arenas y Carla Angola,

Observó que la Constitución venezolana establece que toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en su correspondencia.

“Sin embargo, a pesar de que los afectados denunciaron ante el Ministerio Público la intromisión a sus correos y la usurpación de identidad, hasta ahora no se ha emprendido ninguna investigación para identificar a los responsables”, aclaró Peña Solís.

Refirió que las injerencias ilegales a los correos de los periodistas vulneran el derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes informativas, establecida en la Constitución Nacional, así como el artículo 8 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.

“Al cometerse una ilegítima intromisión en los correos y otros sistemas electrónicos de información personal de periodistas, se tiene acceso a las fuentes de información, lo cual es violatorio del secreto profesional”.

Finalmente dijo que es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada, por lo que formuló un nuevo llamado a la Fiscalía General para que inicie cuanto antes la investigación respectiva.

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Ricardo Arjona
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