Publicación: 2016-06-04 22:14:23 Por: sysadmin  Fuente: Notimex

Igualdad entre mujeres y hombres no es tema de leyes sino de educación

México, 4 Jun (Notimex).- El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera, afirmó que la igualdad

México, 4 Jun (Notimex).- El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera, afirmó que la igualdad entre mujeres y hombres no es un tema sólo de leyes o de decretos sino un problema de educación de las nuevas generaciones, de adolescentes y jóvenes, y de reeducación para los adultos.

“Después de la educación o junto con ella, la convicción de que somos iguales. En tanto no haya convicción, no tengamos conciencia, mujeres y hombres, de que somos iguales y como decía Olympe de Gouges, en su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, mientras no tengamos conciencia de que todos somos iguales en dignidad, en derechos y en deberes”, no habrá auténtica igualdad expresó.

Al participar en el Foro Internacional “Los Derechos Humanos de las Mujeres: Avances, retos en políticas públicas con perspectiva de género y mecanismos para su evaluación”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo no ser partidario de las cuotas de género, al considerar que lo que debe privar es la igualdad de oportunidades.

“Quizá en el resultado final sí darle preferencia a la mujer, pero que ha concursado, que ha competido, que ha participado en igualdad de circunstancias”, precisó.

En su intervención en el Panel 4 “Experiencias Internacionales y nacionales en la evaluación y seguimiento de compromisos y políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres” conla ponencia El acceso de las mujeres a puestos de elección popular. Avances y retos, resaltó el avance logrado en la integración del Congreso, como la actual Cámara de Diputados con 42 por ciento de mujeres.

Asimismo, destacó que en varios estados de la República, entre ellos Chiapas, se ha establecido la paridad horizontal y vertical en la integración de planillas de candidatos a los ayuntamientos, con 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres de manera alternada.

Mencionó que la ley electoral del Estado de Chiapas exige paridad horizontal, por cada mujer candidata a la presidencia municipal un hombre candidato, hasta cubrir el total de postulaciones que haga cada partido político.

“Ningún partido político cumplió en 2015” y hoy ninguno de las consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado que realizaron el registro está en su cargo.

Recordó que el Consejo General del INE al conocer de la denuncia que presentaron los partidos políticos, destituyó a tres consejeros y dejó a cuatro.

Sin embargo, agregó, la Sala Superior, al conocer del caso, consideró que los siete eran responsables y los destituyó ordenando un nuevo procedimiento de designación.

Galván Rivera denunció la violencia política contra las mujeres en los Municipios de Chenalhó, Tila, Oxchuc y Chanal, Chiapas, en donde las presidentas municipales recientemente se vieron obligadas a solicitar licencia por tiempo indefinido o a renunciar al cargo.

También se refirió al caso de la magistrada Yolanda Pedroza del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien presentó una denuncia de acoso laboral y la Sala Superior resolvió dar vista a la Cámara de Senadores para que procediera conforme a Derecho.

Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, aseguró que en la OEA hay instrucción y convicción para que todos los programas y actividades que realicen tengan perspectiva de género.

Manifestó que en México se han registrado avances como la adopción de la paridad de género como requisito para las elecciones legislativas y gracias a ello pasó de un 17 por ciento a más de 40 por ciento en el Senado y la Cámara de Diputados.

Por su parte, Diana González Perrett, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), aseguró que la obligación de debida diligencia frente a las violaciones de derechos humanos, implica organizar todo el aparato estatal, para prevenir, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres.

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